Brasil tras las protestas

Muchas lecturas e interpretaciones han surgido en Brasil tras las protestas de junio en un intento de comprender el sentido y las consecuencias políticas de esa toma masiva de las calles por parte sus ciudadanos. En los últimos tiempos los discursos políticos de los distintos grupos, tanto de gobierno como de oposición, intentaban dar sentido al silencio de las masas. El gobierno y sus seguidores decían que había una amplia satisfacción popular debido al crecimiento económico y a la inclusión social. La oposición solía decir que había fuerte descontento, pero que las encuestas no lograban demostrarlo. Tras las protestas, las explicaciones de todos fueron puestas en jaque.

Después de diez años de gobiernos encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT), Brasil presenta un escenario socioeconómico más favorable que en el período neoliberal (década de los 90). El boom de las primeras materias iniciado en 2003 permitió al país vivir un ciclo de expansión de exportaciones agrícolas y mineras para mercados asiáticos emergentes, principalmente a China, que paso a paso se tornó el principal socio comercial de Brasil. Con más divisas, equilibrio macroeconómico y superávit comercial sostenido, el presidente Lula, electo en el comienzo de esta nueva coyuntura macroeconómica, contó con la fortuna necesaria para un buen gobierno y supo administrar el país con la virtud de un gran líder. A partir de una correcta (mas no la única posible) lectura de la realidad, el líder acabó por crear las condiciones de la construcción de una nueva hegemonía política, que consiste en la constitución de una amplia coalición de partidos políticos, movimientos sociales, élites económicas y grupos de interés, capaz de promover la reducción de la miseria y de la pobreza sin tocar los intereses fundamentales de la cúspide de la pirámide social.

Las políticas de transferencia de ingresos de emergencia (Bolsa Familia) y la valorización del salario mínimo posibilitaron el crecimiento del mercado interno, lo que contribuyó, a proteger el país de la crisis económica mundial que emergió en 2008. Esas políticas simultáneamente respondían a las demandas de las clases más pobres por inclusión social (D y E) y a las de las clases más altas (A y B), por equilibrio y crecimiento económico. La gran incógnita pasó a ser la clase C, principalmente sectores con mayores ingresos en esta clase, que antes votaba PT y que pasó a buscar una tercera alternativa a la alternancia PT – PSDB (el principal partido de oposición).

La fórmula lulista fue un éxito y reequilibró la hegemonía política del país, no solo al incluir las clases D y E desde el punto de vista económico, sino al abrir oportunidades a actores políticos con origen en diversos movimientos sociales (sindicatos, estudiantes, lucha por la tierra, minorías, etc.) La táctica fue dividir el aparato del Estado entre los intereses, de acuerdo con la fuerza política de los actores: por ejemplo, Ministerio de Agricultura para el agro-negocio; Ministerio de Desarrollo Agrario para la reforma agraria y la agricultura familiar.

El discurso en la izquierda fue que el gobierno se encontraba en disputa y de que no habría alternativa políticamente más viable que ellos. Era necesario, entonces, apoyar las pautas progresistas y combatir las pautas conservadoras, pero siempre dentro de la coalición.El problema político se evidenció cuando el lulismo llegó a su posible agotamiento, cuyo marco fue el brote de masivas manifestaciones espontáneas en junio de 2013. La fórmula lulista del pacto amplio, posibilitó la inserción económica de grandes estratos sociales anteriormente excluidos, sin embargo esa inclusión se dio básicamente a través del consumo. El aumento de la capacidad de los individuos para consumir bienes básicos y superfluos significó, para aquellos que se beneficiaron, un aumento de bienestar y al mismo tiempo garantizó la ampliación del mercado interno, necesaria para el crecimiento de la industria nacional. No obstante, la misma fórmula lulista de pacto amplio también impidió que políticas públicas más osadas para la promoción de ciudadanía y de ampliación de derechos fuesen tomadas. Es decir, la fortuna y la virtud lulista tenían un límite: la inclusión debía darse, primordialmente, por el consumo y por la lógica privada y no por la ciudadanía o por la lógica del bien público.

La expansión de lo público se observó en el caso del fortalecimiento de las universidades federales. Esto no impidió, sin embargo, que la educación superior privada creciera más que la pública, ni tampoco significó una mejoría importante de la educación básica, relegada a cada coyuntura regional y a los acuerdos de gobernabilidad con los gobernadores y alcaldes. Lo mismo podría ser dicho sobre la salud: el fortalecimiento del sistema público de salud no quita a nadie el deseo de tener un buen plan privado de salud.

Fue justamente un desafío a la lógica de lo privado en detrimento de lo público el primer mensaje que emanó de las calles durante las protestas y que llevó multitudes a las manifestaciones de junio. La negativa popular al aumento de la tarifa del transporte público en la ciudad de São Paulo fue el catalizador de un inmenso número de demandas y pautas que más adelante aparecerían escritas a mano en pancartas exhibidas en las calles de todo el país. De esa multiplicidad, sin embargo, pueden ser extraídos los temas principales: educación pública, salud pública, derecho a la ciudadanía y movilidad urbana, seguridad pública, reducción de la violencia y criminalidad, derecho a la vivienda y el combate a la corrupción.

La lectura más detallada de las propuestas revela, sin embargo, cierta coherencia en la polifonía de las calles: la demanda es por lo público. Los partidos políticos de izquierda y los movimientos sociales tradicionales no tienen condiciones políticas ni legitimidad para liderar tales protestas, justamente por el hecho de que han compuesto y legitimado el gobierno que ha resuelto parcialmente los problemas sociales, pero que también cristalizó los límites para cualquier solución más radical y profunda.

La nueva clase trabajadora, una vez beneficiada por la inclusión en el mundo del consumo, desea derechos y ciudadanía: percibió que la vida mejoró de la puerta de la casa para dentro, más sigue desagradable de la puerta hacia fuera, es decir, en el espacio público. Está claro también que el aliento y el alcance de las protestas realizadas de manera espontánea fueron limitados. Sin la organización profesional del movimiento exigida por el mundo de la política, la fiscalización cotidiana del poder no se realiza y después de los síntomas de fiebre o convulsión el cuerpo político tiende a volver a la normalidad: (a) la reforma política y el plebiscito no serán llevados a cabo y (b) la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, tras una caída de 27 puntos porcentuales luego de las protestas, ha empezado a mejorar. El mensaje, no obstante, fue dado a la izquierda oficialista y al gobierno: el pueblo quiere más y cuando salga a protestar ya no será bajo su dirección.

Fuente: Felippe Ramos (americaeconomia.com)